Brasil y Estados Unidos atravesaron este miércoles unos momentos más delicados, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenará con firmeza las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
En una declaración pública titulada “Brasil es un país soberano y democrático”, Lula denunció la medida como una “injerencia inaceptable” en los asuntos internos del país y advirtió que se trata de una amenaza directa a la independencia judicial, uno de los pilares del sistema democrático brasileño.
La administración Trump aplicó sanciones al magistrado mediante la Ley Magnitsky, un instrumento legal que permite al Ejecutivo estadounidense congelar activos y restringir transacciones de personas extranjeras acusadas de corrupción o abusos a los derechos humanos. Según el anuncio, De Moraes enfrenta ahora limitaciones financieras en territorio estadounidense.
De Moraes es una figura central en la causa judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de liderar un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. La Fiscalía sostiene que el expresidente promovió actos ilegales para deslegitimar los resultados.
Lula atribuyó la sanción a maniobras políticas de “brasileños que traicionan al país”, en clara alusión a Eduardo Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado, quien se encuentra en EE.UU. gestionando apoyos internacionales para su padre. “La Justicia no se negocia, ni se somete a presiones externas”, sentenció el presidente.
Simultáneamente, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 50 % a una amplia gama de productos brasileños. Según expresó, la decisión es una represalia por el juicio que enfrenta Bolsonaro, a quien considera víctima de una persecución política.
“Estas medidas tienen una motivación política evidente y atentan contra la soberanía nacional”, replicó Lula, quien destacó que EE.UU. mantiene un saldo comercial favorable con Brasil desde hace años. No obstante, afirmó estar dispuesto a discutir asuntos comerciales “con base en el respeto mutuo”.
Durante un acto en Brasilia, Lula calificó el momento como un “día sagrado para la soberanía” y reiteró su compromiso de defender los intereses del pueblo brasileño ante lo que considera acciones injustificadas del gobierno estadounidense.
El conflicto escaló diplomáticamente tras una reunión clave en Washington entre el canciller brasileño Mauro Vieira y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Vieira calificó de “inaceptable” la sanción contra De Moraes y aseguró que Brasil no permitirá que su sistema judicial sea cuestionado desde el exterior.
“Nos reservamos el derecho de responder en el marco del derecho internacional”, afirmó Vieira ante la prensa, sin precisar qué medidas tomará Brasil en caso de que las tensiones se profundicen. También expresó su voluntad de mantener canales abiertos para el diálogo bilateral.
La Corte Suprema brasileña emitió un comunicado en respaldo al juez sancionado, reafirmando su compromiso con la Constitución y con el combate a los crímenes contra la democracia. “No nos desviaremos de nuestra misión institucional”, declaró el tribunal.
