La reciente operación de la Policía Federal brasileña, denominada “Banda Negra”, puso en evidencia un fenómeno que crece silenciosamente en el país: el uso de farmacias y laboratorios farmacéuticos como plataforma para el tráfico de medicamentos controlados y precursores destinados tanto al mercado interno como al internacional. El caso revela un nivel de organización que preocupa a las autoridades y expone nuevas estrategias delictivas.
El nombre de la operación hace referencia a los medicamentos de prescripción especial los llamados “tarja preta” que actúan sobre el sistema nervioso central. Según los investigadores, la red criminal, originaria de Rio das Ostras, en Río de Janeiro, tenía como líder a un ciudadano brasileño radicado en Orlando, desde donde coordinaba el envío ilegal de fármacos hacia Estados Unidos.
Miles de unidades de sedantes como alprazolam, zolpidem y metilfenidato eran despachadas sin receta mediante intermediarios que montaban declaraciones falsas para justificar los envíos. Parte de estos despachos eran gestionados directamente por los propietarios de farmacias brasileñas vinculadas a la organización.
La distribución en Estados Unidos no estaba dirigida al consumidor final, sino a otros integrantes del grupo criminal, encargados de comercializar los medicamentos en circuitos vinculados al narcotráfico. La investigación, realizada por la Policía Federal de Macaé con apoyo de Correos de Brasil y autoridades estadounidenses, reveló además transacciones financeiras sospechosas que apuntan a un esquema de lavado de dinero.
Tras el escándalo de HLB Pharma —señalada por producir viales contaminados de fentanilo que provocaron muertes en hospitales brasileños— la vigilancia en América Latina se intensificó. En Uruguay, la policía encontró viales brasileños de fentanilo en manos de traficantes, lo que encendió nuevas alarmas sobre el alcance regional de este tipo de operaciones.
En Brasil, las farmacias también se han convertido en objetivos frecuentes del crimen organizado, especialmente en São Paulo. Los robos no solo apuntan a costosos medicamentos para adelgazar, sino también a sustancias controladas utilizadas como precursores para drogas sintéticas. Los datos oficiales indican un incremento superior al 18% en estos asaltos entre enero y septiembre de 2025.
Paralelamente, el consumo de drogas sintéticas ha aumentado en el país. En São Paulo, la policía científica detectó nitazenos —opioides hasta 40 veces más potentes que el fentanilo— en el 95% de las incautaciones. En la mayoría de los casos, estas sustancias aparecían mezcladas con cannabinoides sintéticos, conocidos como “drogas K”.
La primera incautación significativa de nitazenos se registró en diciembre pasado, en un laboratorio clandestino de Mogi das Cruzes, donde también se producían drogas sintéticas. Este avance coincide con negociaciones internacionales sobre el control de precursores químicos, mientras expertos europeos advierten sobre la normalización del consumo a través de merchandising y artículos vinculados a sustancias peligrosas que se venden en plataformas como Temu.
En este contexto, el crimen organizado brasileño también ha diversificado sus conocimientos químicos con apoyo de redes de otros países. La reciente incautación de 40 kilos de “cocaína negra” en Manaos —una versión químicamente modificada para evadir controles— ilustra la sofisticación alcanzada. Según especialistas, esta forma de ocultamiento permite envíos de alto valor con bajo riesgo.
La Amazonia, señalan analistas, se ha convertido en un corredor estratégico para estas operaciones, gracias a la existencia de laboratorios clandestinos, alianzas transfronterizas y el uso de la infraestructura de la minería ilegal como fachada para el traslado de material. Durante el operativo también se confiscó una embarcación blindada armada con rifles, ametralladoras y un lanzagranadas, donde se hallaron más de seis toneladas de droga.
La expansión de estas redes criminales ha favorecido la presencia creciente de organizaciones brasileñas en Europa. En Portugal fue detenido recientemente Ygor Daniel Zago, integrante del PCC, lo que confirma una tendencia en la que estas facciones buscan controlar directamente la logística y distribución en puertos europeos, reduciendo la dependencia de mafias locales y dificultando la labor de las autoridades.
En este escenario complejo, expertos consideran insuficiente el reciente proyecto de Ley antifacciones aprobado en la Cámara de Diputados de Brasil. El texto no clasifica al PCC ni al Comando Vermelho como grupos terroristas y genera vacíos legales que podrían beneficiar a las organizaciones criminales. Aun así, se destaca positivamente el fortalecimiento de las atribuciones de la Policía Federal y el aumento de penas para actividades delictivas que ejercen control territorial, aunque el consenso general es que el país aún carece de una estrategia integral y coordinada para enfrentar el avance del crimen organizado.
Fuente: Infobae
