La séptima fase de la Operación Sisamnes expuso esta semana una compleja red delictiva en Brasil que operaba bajo el nombre de “Comando C4” (Comando de Caza a Comunistas, Corruptos y Criminales). Según la Policía Federal, se trata de una organización con estructura empresarial, dedicada al espionaje, la intimidación y el sicariato político, con funcionarios de alto nivel entre sus objetivos principales.
La red criminal, que incluía en su nómina a militares en activo, retirados y civiles armados, contaba con una tabla de precios que establecía montos de hasta 250.000 reales (unos 44.000 dólares) por espiar a un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), y 150.000 reales por vigilar a senadores. Este nivel de sofisticación encendió las alarmas sobre su capacidad operativa e infiltración institucional.
Las autoridades identificaron como líder al coronel retirado Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, de 62 años, un militar que promovía la intervención armada contra el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caçadini administraba un canal de YouTube de tinte radical, y anteriormente fue funcionario público en el área de seguridad de Minas Gerais.
La red fue descubierta de forma accidental durante las pesquisas por el asesinato del abogado Roberto Zampieri en diciembre de 2023. Zampieri, conocido por su papel como “lobista de tribunales”, fue ejecutado por un sicario disfrazado de capellán. Su teléfono reveló miles de mensajes que destaparon un esquema paralelo de venta de sentencias judiciales y vínculos con redes de inteligencia clandestina.
Entre las técnicas empleadas por el Comando C4 se documentaron seguimientos con drones, hackeo de comunicaciones, uso de prostitutas como señuelo, disfraces para operaciones encubiertas y comunicaciones mediante teléfonos satelitales. Además, contaban con colaboradores infiltrados en organismos como la Secretaría de Ingresos Federales, lo que amplificó su acceso a información confidencial.
La organización actuaba con una lógica empresarial. Los documentos incautados detallaban tarifas según la jerarquía del objetivo y códigos internos como “festa” (fiesta) o “reza” (rezo) para identificar las fases de ejecución de las operaciones. Las conversaciones interceptadas por la Policía apuntan a que el grupo planeaba atentados, no solo vigilancia.
Entre los implicados también figura el hacendado Aníbal Manoel Laurindo, señalado como autor intelectual del asesinato de Zampieri; el sicario Antonio Gomes da Silva; y exmilitares que operaban como consultores de seguridad. Uno de ellos, Gilberto Louzada da Silva, ofrecía servicios encubiertos a empresas y particulares.
El arsenal incautado durante los allanamientos es alarmante: fusiles de francotirador con silenciador, pistolas con supresores de sonido, un lanzacohetes portátil y minas explosivas con detonación remota. Asimismo, se decomisaron vehículos modificados para operaciones tácticas y documentos falsificados para encubrimiento.
El expresidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien figuraba entre los posibles blancos del grupo, expresó su repudio y advirtió que el caso representa un grave riesgo para la institucionalidad democrática. Para Pacheco, la existencia de una red de este tipo es indicio de una amenaza real a la estabilidad del Estado de Derecho.
El discurso radical del grupo y su identificación como “cazadores de comunistas y corruptos” resuena con los sectores militarizados que rechazaron los resultados de las elecciones de 2022. Esta narrativa se ha intensificado en espacios digitales y en redes con discursos de odio que fomentan la desestabilización.
Hasta ahora, cinco personas han sido arrestadas bajo cargos que incluyen asociación para delinquir, homicidio calificado, posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, y corrupción. Paralelamente, la operación judicial por venta de sentencias ya llevó a la suspensión de cinco magistrados.
La investigación continúa bajo secreto judicial, mientras las autoridades intentan establecer el alcance real de las operaciones del Comando C4. El caso ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la radicalización de sectores armados, su infiltración en instituciones y los límites de la democracia frente a amenazas internas.
