Bolivia enfrenta su mayor brote de sarampión en más de diez años: desde abril se detectaron al menos 60 casos que motivaron la declaración de emergencia sanitaria nacional.
La ministra de Salud, María Renée Castro, anunció la expansión del virus a ocho de los nueve departamentos, con Santa Cruz como epicentro, donde se concentran 147 contagios confirmados.
El Gobierno recibió unas 600.000 dosis donadas por Brasil, 300.000 por India y 100.000 por Venezuela, además de 500.000 adquiridas con recursos estatales, y busca gestionar dos millones adicionales .
Se proyecta vacunar a más de 1,5 millones de niños y adolescentes antes de agosto, mediante brigadas móviles enfocadas en zonas vulnerables y comunidades aisladas.
Hasta ahora se administraron más de 745.000 dosis combinadas de SR y SRP, cifra significativa aunque insuficiente para alcanzar la cobertura ideal.
El Ministerio recomienda mantener clases presenciales y coordinar vacunación en unidades educativas antes del receso invernal, para maximizar la inmunización .
La enfermedad puede causar neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños desnutridos o sin inmunización completa; por ello, se enfatiza la importancia del testeo y control del carnet de vacunación.
Se implementará un protocolo de bioseguridad en escuelas y centros de salud que incluye uso de barbijos y medidas adaptadas a la situación local y epidemiológica.
El Gobierno activó vigilancia epidemiológica intensiva en escuelas, aeropuertos y terminales terrestres para detectar casos y contener brotes con rapidez. La OPS/OMS participó en el diseño del plan nacional, que incluyó un manifiesto de compromiso por parte del Estado y acertada estrategia multilateral.
El presidente Luis Arce enfatizó que la emergencia permitirá una respuesta articulada entre niveles nacional, departamental y municipal para proteger la salud poblacional.
La ministra Castro insistió: “Nadie puede dar por sentado que el sarampión está bajo control mientras no vacunemos a la población vulnerable”, llamando a la participación responsable de familias y comunidades.
