El Gobierno de Bolivia declaró la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social a nivel nacional, en respuesta a una crisis estructural que, según el Ejecutivo, compromete la estabilidad macroeconómica, el abastecimiento energético y la cohesión social del país.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, y establece acciones inmediatas orientadas a recuperar la liquidez interna, fortalecer las reservas internacionales y reactivar la producción, la inversión y el empleo.
Entre los anuncios centrales figura la actualización del Salario Mínimo Nacional a 3.300 bolivianos, lo que implica un incremento del 20% respecto a 2025, junto con la creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias mensuales de Bs 150 a sectores vulnerables por un período de hasta doce meses.
El decreto también amplía los programas sociales vigentes, elevando en Bs 150 la Renta Dignidad para personas sin jubilación contributiva y fijando el Bono Juancito Pinto en Bs 300 por estudiante para la gestión 2026, en un intento por contener el impacto social de la crisis.
El Ejecutivo atribuye la situación actual a la administración anterior, señalando un severo desabastecimiento de combustibles, paralización productiva, inflación persistente y un déficit fiscal acumulado superior a los USD 30.000 millones en los últimos cinco años.
Según el documento oficial, la combinación de corrupción, mala gestión y políticas insostenibles habría provocado el desplome de las reservas internacionales, que pasaron de USD 15.100 millones en 2014 a USD 2.300 millones en 2023, junto con una fuerte reducción del oro monetario del Banco Central de Bolivia.
En el plano energético, el decreto cuestiona el modelo de subsidios a los combustibles, al considerarlo financieramente inviable y generador de contrabando hacia países vecinos, fenómeno que, de acuerdo con estudios de YPFB y organismos internacionales, habría alcanzado cerca del 30% de la producción nacional.
Para revertir este escenario, el Gobierno fijó precios transitorios para los combustibles por un período de seis meses y suspendió temporalmente el control previo sobre la importación de diésel, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno mientras se define un nuevo esquema de ajuste.
En materia de inversiones, se crea un Régimen Extraordinario de Protección y Promoción que garantiza estabilidad jurídica y tributaria por hasta quince años, priorizando sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, infraestructura y manufactura exportadora.
El decreto incorpora incentivos fiscales y tributarios para la producción nacional, incluyendo beneficios en el IVA, depreciación acelerada de activos, deducciones excepcionales y la implementación de un régimen simplificado para pequeños emprendedores y profesionales independientes.
Asimismo, se habilita un programa de regularización y repatriación de capitales con incentivos impositivos y garantías de confidencialidad, mientras que en el sistema financiero se autoriza el diferimiento automático de créditos para vivienda social y microempresas sin penalizaciones.
Finalmente, la norma refuerza los mecanismos de control del gasto público, establece auditorías exprés y ordena al Banco Central avanzar hacia un nuevo régimen cambiario, en un contexto en el que el Gobierno busca equilibrar la urgencia de la estabilización económica con la presión social y política que genera la emergencia declarada.
