Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 7 de junio la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, el primer proyecto promovido por el presidente Daniel Noboa bajo el mecanismo de urgencia económica. El Ejecutivo la presentó como una herramienta para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
La nueva ley incluye incentivos fiscales para el sector privado, mecanismos de apoyo a víctimas de violencia, estrategias para evitar el reclutamiento de menores por bandas criminales y planes de reactivación económica para las zonas más golpeadas por la inseguridad.
Si bien el Gobierno celebra esta aprobación como un avance crucial para su agenda de seguridad, el proceso legislativo dejó entrever importantes fracturas dentro del bloque correísta, que hasta ahora se había mostrado como la oposición más cohesionada en el Legislativo.
Según reportó Primicias, la autodenominada Bancada Ciudadana, integrada por legisladores de la Revolución Ciudadana, no logró unificar su voto. Mientras 44 de sus miembros se opusieron a la ley, 10 optaron por abstenerse, revelando fisuras internas que podrían tener consecuencias en futuras votaciones.
Este grupo disidente, encabezado por el legislador Raúl Chávez, decidió marcar distancia de la línea oficial del correísmo, liderado desde el exterior por el expresidente Rafael Correa. Su abstención fue interpretada como una señal de apertura hacia una agenda de gobernabilidad compartida con Noboa.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo el 17 de mayo, en un contexto donde la violencia criminal ha escalado dramáticamente. Según datos oficiales presentados durante el segundo debate, más del 60% de los miembros de bandas organizadas serían menores de edad.
La Ley establece que empresas privadas podrán hacer aportes deducibles del impuesto a la renta, con destino a programas de fortalecimiento de las fuerzas del orden y políticas sociales para reducir el impacto de la violencia. El modelo se inspira en casos como Colombia y El Salvador, donde experiencias similares han sido implementadas.
Calificado como urgente en materia económica, el proyecto fue tramitado bajo el artículo 140 de la Constitución, que permite al presidente solicitar tratamiento acelerado para leyes ante situaciones económicas críticas. En este caso, el Gobierno argumentó que el conflicto armado interno derivado del narcotráfico justificaba la premura.
El procedimiento legislativo avanzó con rapidez. En menos de 30 días, el texto fue analizado por comisiones, debatido en dos ocasiones y finalmente votado en el Pleno. El Gobierno evitó recurrir al decreto-ley gracias al respaldo suficiente en la Asamblea, algo poco común en escenarios de fragmentación política.
Pese a la aprobación, la constitucionalidad de la ley está en entredicho. Algunos juristas sostienen que ciertos artículos podrían ser revertidos por la Corte Constitucional, dado que contradicen fallos previos sobre la potestad legislativa en materia tributaria y el rol del Ejecutivo en medidas fiscales excepcionales.
Más allá del contenido normativo, esta ley representa un triunfo político significativo para Daniel Noboa, que logra consolidar su liderazgo en el inicio de su gestión. Al mismo tiempo, la votación fracturada del correísmo marca un cambio de equilibrio en el mapa legislativo.
Si la tendencia se mantiene, el oficialismo podría capitalizar nuevas alianzas dentro de la Asamblea, debilitando el bloque correista y facilitando el avance de futuras reformas. La Ley de Solidaridad Nacional, más allá de su contenido, podría haber inaugurado una nueva etapa de recomposición política en Ecuador.
