Argentina instalará un cerco en la frontera con Bolivia para frenar el paso ilegal

El gobierno de Javier Milei prepara la construcción de una valla de alambre de púas en la frontera con Bolivia, como parte de un plan de seguridad que busca frenar el contrabando y la migración irregular.

El gobierno de Javier Milei anunció su intención de erigir una valla de alambre de púas de 200 metros en la frontera entre Argentina y Bolivia, en un esfuerzo por controlar los pasos ilegales y mejorar la seguridad en la región. La licitación correspondiente fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Salta, detallando la construcción de un alambrado de 2,5 metros de altura a lo largo del cruce fronterizo en el río Bermejo. La obra tiene como objetivo frenar la circulación ilegal de personas entre Aguas Blancas, en Argentina, y la localidad boliviana de Bermejo.

Esta medida forma parte del plan “Fronteras blindadas”, impulsado por el Ministerio de Seguridad argentino, y que busca reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. La valla se instalará en una zona estratégica, desde la oficina migratoria argentina hasta la terminal de buses de Aguas Blancas, un punto clave para quienes cruzan la frontera de manera irregular. Según las autoridades locales, este sector ha sido identificado como uno de los puntos más críticos de migración ilegal, con numerosos pasos no autorizados.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, quien está a cargo de la administración en esta región ante la ausencia de un intendente, explicó que la medida busca evitar el flujo de personas que cruzan de manera ilegal entre los dos países. Señaló que muchos migrantes cruzan hacia Bolivia sin pasar por el control migratorio argentino, lo que dificulta el control y aumenta el riesgo de actividades ilegales.

El gobierno argentino argumenta que esta valla es una medida necesaria dentro de la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había presentado anteriormente el “Plan Güemes” en diciembre de 2023, el cual incluye el despliegue de 310 efectivos de diversas fuerzas de seguridad en zonas de alto riesgo, como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida por su vinculación con el narcotráfico.

La medida ha generado inquietud en Bolivia, que a través de su Cancillería expresó su preocupación ante lo que considera una acción unilateral. El gobierno boliviano destacó que los temas fronterizos deben ser tratados a través de “mecanismos de diálogo bilaterales” para evitar tensiones y garantizar una convivencia pacífica entre ambos países. A su juicio, la instalación de la valla podría afectar las relaciones de buena vecindad entre las dos naciones.

En respuesta, Zigarán aseguró que el gobierno boliviano está “mal informado” sobre la situación. Según el interventor, los controles fronterizos en la zona de Aguas Blancas son más estrictos que en el lado boliviano, donde, según su relato, hay solo un agente migratorio por cada cuatro o cinco agentes de migraciones argentinos. Además, destacó que Bolivia solo tiene dos pasos fronterizos activos en la región, uno por el puente internacional y otro por el puerto Chalana.

El gobierno argentino sigue firme en su postura de priorizar el control fronterizo como medida para evitar el ingreso de personas de manera ilegal, algo que se intensificará con la instalación de la valla. Sin embargo, la respuesta de Bolivia resalta la importancia de mantener una comunicación constante entre los países vecinos para evitar que medidas de este tipo afecten las relaciones bilaterales.

El proyecto de la valla de alambre de púas se enmarca dentro de un contexto más amplio de tensiones regionales, donde la migración irregular, el contrabando y otros delitos transnacionales se han convertido en puntos de conflicto. En este escenario, las políticas de seguridad se han vuelto un tema central en las agendas de ambos países, con posiciones enfrentadas respecto a la mejor forma de abordar estos desafíos.

El gobierno argentino también subraya que, además de la instalación de la valla, se movilizarán más de 300 efectivos de las fuerzas de seguridad federales para cubrir áreas estratégicas a lo largo de la frontera. Esta medida refuerza la presencia del Estado en las zonas más vulnerables a actividades ilícitas y migratorias irregulares, buscando generar una respuesta integral a los problemas de seguridad.

Si bien la construcción de la valla es una de las primeras acciones concretas dentro del Plan Güemes, es probable que surjan nuevas tensiones entre ambos países a medida que avance su implementación. La tensión por los controles migratorios, sumada a la preocupación de Bolivia por la falta de consulta previa, podría escalar en nuevas discusiones diplomáticas.

En definitiva, la instalación de la valla es solo una de las medidas dentro de un plan mayor que apunta a reforzar la seguridad fronteriza en Argentina. Mientras tanto, la controversia con Bolivia abre un espacio para el diálogo en un contexto regional cada vez más complejo. Ambos países deberán buscar soluciones que respeten los principios de cooperación internacional, el derecho de los ciudadanos a transitar y la soberanía nacional.