Desde la entrada en vigor de la Ley n.º 5777/2016, que protege a las mujeres contra toda forma de violencia, el Ministerio Público ha registrado 242 casos de tentativa de feminicidio entre 2017 y noviembre de 2025, según un análisis del Observatorio y Estadísticas de la institución.
Los registros muestran un incremento progresivo: en 2017 se contabilizaron 4 casos, en 2018 aumentaron a 18, mientras que en 2019 se reportaron 15. La cifra se redujo en 2020 a 11, pero en 2021 se disparó a 35, durante la pandemia.
En 2022 se observó una leve disminución a 23 casos, pero 2023 volvió a registrar un incremento con 42, mientras que 2024 cerró con 53 y hasta el 27 de noviembre de 2025 se reportaron 41 denuncias. La mayoría de los casos, un 95 %, involucró una sola víctima.
En cuanto a la edad de las mujeres afectadas, el 36 % tiene entre 30 y 59 años, el 34 % entre 18 y 29 años —incluyendo madres jóvenes— y el 3 % corresponde a menores de 18 años. Este dato evidencia la vulnerabilidad transversal a distintas etapas de la vida.
Respecto a la relación con el agresor, el 41 % de los ataques provino de parejas convivientes, el 26 % de exparejas, y el 9 % de familiares, novios o personas no vinculadas como pareja. Esto resalta la importancia de abordar la violencia dentro del núcleo cercano de la víctima.
Los departamentos con mayor número de casos fueron Central (73), Canindeyú (35), San Pedro (26), Amambay (19) y Caaguazú (16), mientras que los meses más críticos son diciembre, enero, febrero, mayo, agosto y septiembre, especialmente durante jornadas calurosas y con consumo de alcohol o drogas.
Los domingos y lunes concentran el 35 % de los ataques, mientras que los horarios de mayor incidencia son la madrugada y la mañana, con un 63 % de los registros. Esta información permite establecer patrones temporales de riesgo para las autoridades y la sociedad.
En cuanto al tipo de arma utilizada, el 40 % de los agresores recurrió a armas blancas, el 18 % a armas de fuego, el 16 % empleó medios sin armas y el 21 % de las víctimas no especificó el tipo de ataque. Esto evidencia la diversidad y peligrosidad de los métodos empleados.
Los ataques ocurren mayoritariamente en el domicilio de la víctima (25 %) o de ambos (21 %), seguidos por la vía pública (14 %) y otros lugares no precisados. La violencia física predominó en un 77 % de los casos, seguida de la verbal (18 %) y psicológica (5 %).
Antes de ser atacadas, el 30 % de las mujeres recibió amenazas de muerte, el 15 % fue maltratada verbalmente y el 11 % sufrió intimidación psicológica, mientras que un pequeño porcentaje experimentó violencia económica. Estos indicadores muestran un patrón de escalada de violencia previo al intento de homicidio.
Entre los delitos concomitantes, el 26 % de las víctimas sufrió lesiones graves, el 21 % violencia familiar, y un 2 % maltrato a menores bajo su cuidado. Sin embargo, en el 51 % de los casos no se detectaron otros delitos asociados.
El Código Penal paraguayo establece que la tentativa de feminicidio conlleva la misma pena que el acto consumado, que puede llegar hasta 30 años de prisión. Factores como la vulnerabilidad de la víctima, la intencionalidad del agresor y el uso de armas determinan la gravedad del delito y la respuesta judicial.
