El presidente de Paraguay, Santiago Peña promulgó la Ley de Arbitraje, informó el asesor de la Presidencia, Roberto Moreno, desde la Corte Suprema de Justicia, donde se realizó una reunión sorpresiva entre el mandatario y los magistrados.
Según Moreno, la nueva normativa se trabajó durante dos años para ajustar y modernizar el marco legal vigente, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a inversores y contratistas.
La Ley establece qué tipos de causas pueden someterse a arbitraje y cuáles quedan excluidas, aclarando la situación de los conflictos que involucren al Estado, y define en qué casos puede participar o no en procedimientos arbitrales.
“No es una cuestión de si yo quiero o no quiero; ninguna inversión importante o proyecto significativo se realizará sin una cláusula arbitral”, afirmó Moreno, destacando la relevancia del arbitraje en el contexto de inversiones privadas y concesiones.
Otro aspecto central de la ley es la relación entre el Poder Judicial y el arbitraje. La normativa determina claramente cuándo los tribunales pueden intervenir para auxiliar a los árbitros y cuándo deben abstenerse.
Además, regula de manera detallada la nulidad de los laudos arbitrales, buscando agilizar los procedimientos y facilitar la ejecución de los fallos, según explicó el asesor presidencial.
La ley también aclara la distribución de competencias: las disputas contractuales entre el Estado y contratistas o concesionarios serán sometidas al arbitraje, mientras que actos administrativos que impliquen potestades exorbitantes del Estado irán al Tribunal de Cuentas.
Esta normativa reforma la Ley 1879/02, adaptando el marco legal a las necesidades actuales y otorgando mayor previsibilidad a los procesos de resolución de conflictos.
El proyecto pasó rápidamente por el Congreso, generando algunas críticas de la oposición, que señalaron que podría ser inconstitucional y limitar la independencia del Poder Judicial al reducir ciertas facultades de la Corte en juicios contenciosos.
No obstante, la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo, que dictaminó favorablemente en Diputados, destacó que la ley busca establecer un marco jurídico seguro y transparente para la resolución de conflictos mediante arbitraje.
La promulgación se considera un avance hacia la agilidad y la eficiencia en los procesos, al ofrecer reglas claras sobre cuándo los conflictos deben resolverse mediante arbitraje y cuándo requieren la intervención de tribunales o del Tribunal de Cuentas.
Fuente: ABC Color
