La noche del 29 de diciembre de 2001, la zona comercial a cielo abierto conocida como Mesa Redonda, en el centro de Lima,Perú, fue escenario de una tragedia que dejó cicatrices profundas en la ciudad y en la memoria de sus habitantes. Una explosión de productos pirotécnicos provocó un incendio que arrasó con galerías y cobró la vida de cientos de personas.
El fuego se inició alrededor de las 19:15 horas cuando un vendedor detonó un artefacto conocido como “chocolates”. La reacción en cadena alcanzó cerca de 900 toneladas de pirotecnia almacenadas en la zona, propagándose rápidamente por cinco galerías comerciales y cuatro manzanas del centro limeño.
Las cifras oficiales reportan 277 víctimas mortales, aunque las autoridades reconocen que el número real podría superar los 400, incluyendo personas nunca identificadas (“NN”). Además, 250 personas resultaron heridas y 189 desaparecieron en medio del caos, entre ellas 28 niños, dejando a 73 menores en situación de orfandad.
El operativo de emergencia movilizó a más de 2.000 policías y 250 bomberos, quienes combatieron las llamas durante dos días. Sin embargo, la acción de algunos comerciantes, preocupados por sus bienes, obstaculizó los esfuerzos de rescate y provocó que varias personas perdieran la vida al intentar refugiarse en locales comerciales.
Las temperaturas del incendio alcanzaron niveles extremos: 800 °C en la trayectoria de las llamas y hasta 1.200 °C en el epicentro, provocando que muchos cuerpos quedaran irreconocibles y obligando a utilizar pruebas de ADN y dentales para su identificación. El proceso duró hasta un año y ocho meses, y 83 personas nunca fueron identificadas, siendo sepultadas como “NN” en el cementerio El Ángel.
La tragedia impactó emocional y socialmente al país. El entonces presidente Alejandro Toledo decretó dos días de duelo nacional, interrumpió sus vacaciones y se dirigió al lugar de los hechos. También se anunció la prohibición de la producción y venta de productos pirotécnicos en Perú.
La recuperación de la zona y la reparación a los familiares ha sido lenta. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) cedió terrenos para ayudar a los deudos a recuperar su sustento, pero la implementación efectiva ocurrió tres años después. La Asociación de Deudos, liderada por Rubén Pajua Huaccachi, ha mantenido la ocupación de un predio durante más de dos décadas, aunque sin propiedad legal definitiva.
La justicia también ha sido un camino complejo. Familias afectadas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de derechos fundamentales, acusando al Estado peruano de no prevenir la tragedia ni identificar adecuadamente a las víctimas. La CIDH admitió la demanda nueve años después.
Procesos penales locales resultaron en pagos de reparación civil de aproximadamente 53.000 USD por cada fallecido y 8.000 USD por cada herido, montos que, hasta la fecha, no se han cumplido plenamente. Los responsables señalados incluyen a autoridades municipales, ministeriales y empresarios vinculados al almacenamiento de pirotecnia.
La zona de Mesa Redonda sigue presentando riesgos significativos. Los jirones Puno y Andahuaylas son estrechos y vulnerables ante obstrucciones, lo que dificulta la respuesta de servicios de emergencia. Simulacros y capacitaciones se han realizado, pero los incidentes diarios muestran que los peligros persisten.
La comercialización ilegal de pirotecnia continúa pese a las prohibiciones, y el crecimiento desordenado de la actividad comercial mantiene la zona en alerta. La negligencia y la falta de control estructural han generado episodios de riesgo que afectan a comerciantes y visitantes.
A 24 años del desastre, los familiares recuerdan cada 29 de diciembre a sus seres queridos. La tragedia de Mesa Redonda no solo dejó víctimas y destrucción, sino también una herida abierta en la sociedad peruana, donde la búsqueda de justicia y prevención de nuevos riesgos sigue siendo un desafío pendiente.
