El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado dictó este martes una condena de 19 años de prisión contra Walter José Galindo Domínguez, considerado el cabecilla de una estructura dedicada al tráfico de drogas mediante servicio de entrega en Asunción y Central.
La organización delictiva fue desarticulada tras la Operación Mercat, desarrollada en marzo de 2022, luego de casi dos años de investigación y escuchas telefónicas que permitieron identificar la red y sus principales operadores.
La sentencia fue emitida por unanimidad por los jueces Pablino Barreto, Ana Rodríguez y Juan Dávalos, quienes analizaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público y concluyeron la responsabilidad penal del líder del esquema.
También fue condenada su pareja, Luz Antonella Guerrero Quintana, quien recibió 13 años de cárcel como coautora de los hechos de comercialización de estupefacientes y soborno agravado en la modalidad de ofrecimiento ilícito.
Entre los demás sentenciados figura Nayeli María Auxiliadora Ortiz Domínguez, hermana de Galindo, quien fue condenada a 3 años de prisión; así como Fernando Rafael Silva Riveros, alias “Colo”, condenado a 12 años.
El Tribunal también sentenció a Cristian David Galeano Lugo, alias “Caco”, a 11 años de prisión; Gerardo Vidal Vallejos Soler a 12 años; y Fernando Adrián Ocampos Benítez a 10 años. Otros seis acusados recibieron penas de 5 años y dos fueron condenados a 4 años.
Además de las penas privativas de libertad, el Tribunal ordenó el comiso de bienes vinculados al grupo criminal, entre ellos un dúplex en Villa Elisa, automóviles, motocicletas, un yate y una moto acuática, todos incautados durante los allanamientos.
En el juicio oral, la fiscal María Irene Álvarez demostró que Galindo llevaba al menos ocho años operando una red de comercialización de drogas, respaldado por audios y comunicaciones intervenidas durante la Operación Mercat.
La fiscal explicó que varios de los condenados formaban parte del “primer anillo” de confianza de Galindo y tenían su propia cartera de clientes. Señaló también que Guerrero asumió la continuidad del negocio cuando el líder fue detenido, lo que quedó documentado en las llamadas interceptadas.
Álvarez dijo conformarse con la sentencia, pese a haber solicitado una pena de 21 años para Galindo. Aseguró que analizará los fundamentos del Tribunal, pero consideró que las condenas reflejan la gravedad del esquema delictivo.
Durante el proceso, el Ministerio Público también probó que Galindo y su pareja ofrecieron sobornos a autoridades judiciales y fiscales para recuperar su teléfono —donde tenía su registro de clientes— y obtener medidas menos gravosas, incluido el arresto domiciliario.
En varios audios, Galindo menciona pagos a la fiscal de Villa Elisa, Egidia Gómez, y a la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, ambas actualmente procesadas por supuestamente facilitar resoluciones irregulares a cambio de dinero. Según la imputación vigente, la magistrada habría recibido USD 50.000 para revocar la prisión preventiva del ahora condenado.
