Esta mañana se presentaron oficialmente en el Senado los pedidos de interpelación que apuntan al Ministro del Interior, Enrique Riera y al Comandante de la Policia Nacional, Carlos Benítez, con el objetivo de que brinden explicaciones sobre la represión policial y la detención de 31 jóvenes en manifestaciones recientes.
Los senadores denunciaron un patrón preocupante en la actuación policial, con despliegues desproporcionados frente a protestas pacíficas y vigilancia de comunicaciones en plataformas de mensajería, que podría vulnerar derechos fundamentales.
Se destacó además la participación del Grupo Lince, cuyos operativos se han asociado con registros de violencia y atropellos durante manifestaciones, según argumentaron legisladores.
El senador Rafel Filizzola declaró a ABC Cardinal que la represión del domingo fue “excesiva y sin justificación”, asegurando que la violencia fue iniciada por las fuerzas de seguridad y calificando la detención de 30 personas como “gravísima” al no poder explicarse qué delito habían cometido.
Filizzola cuestionó el uso del delito de “perturbación de la paz pública” como excusa para arrestos masivos, señalando que se aplica de forma abusiva para criminalizar protestas pacíficas y comparó la pena con delitos de mayor gravedad, como lavado de dinero.
Entre los hechos denunciados, dos mujeres resultaron gravemente heridas tras ser arrolladas por agentes del Grupo Lince, lo que, según el legislador, evidencia abuso y violencia policial durante la intervención.
Otro eje de la interpelación será la presunta interceptación de comunicaciones sin autorización judicial. Filizzola denunció que se solicitó información a compañías telefónicas sobre números de celulares de los manifestantes, una acción que considera ilegal según la Constitución.
La Cámara de Senadores tiene un plazo máximo de ocho días para decidir sobre el tratamiento del pedido de interpelación. En caso de aprobarse, se fijará la fecha para que Riera y Benítez respondan ante el Congreso.
Filizzola cuestionó que el operativo fuera dirigido por el comisario Gustavo Errecarte, jefe de la Comisaría 1ª de Asunción, quien cuenta con antecedentes y sumarios disciplinarios por robo y extorsión agravada, según señaló el senador.
Pese a este historial, Errecarte fue promovido a comisario general y designado para el operativo. Filizzola afirmó que votó en contra de su ascenso debido a su hoja de servicio “desastrosa” y llena de procesos internos, señalando que su designación pone en riesgo los derechos de los manifestantes.
El senador también refutó los argumentos de la Policía que justificaban la actuación de Errecarte, afirmando que se habían atribuido antecedentes penales a los jóvenes, cuando en realidad era el jefe del operativo quien contaba con ellos.
