La Municipalidad de Asunción informó que iniciará un sumario administrativo contra la inspectora de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Lourdes Riveros, tras la muerte del conductor Éver Hugo Ayala, de 45 años, ocurrida el pasado sábado en Viñas Cué.
La decisión se tomó luego de que los familiares de Ayala denunciaran un presunto pedido de coima durante la intervención vehicular que precedió al deceso. La autoridad municipal busca esclarecer los hechos y determinar si existió o no un intento de soborno.
El director jurídico municipal, Jorge Sabaté, afirmó que no se detectó omisión de auxilio por parte de la PMT, pero que la investigación se centrará en la acusación de coima. “Nos toca separar lo que es verdad de lo que no. Ya se descartó la omisión de auxilio; ahora se analizará el tema de la coima”, declaró.
Según el informe municipal, Ayala sufrió una descompensación en el corralón Parque del Río, en Zeballos Cué, tras la retención de su vehículo. La PMT lo escoltó hasta el Hospital IPS de Loma Pyta, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
Contrariamente, los familiares sostienen que hallaron a Ayala sin signos vitales dentro de su automóvil, y que fue trasladado al hospital en un vehículo particular, mientras su pareja reaccionaba con angustia al descubrirlo.
En un video compartido por allegados, se observa a la pareja de Ayala llorando junto a un árbol tras encontrar sin vida al conductor, lo que ha generado conmoción entre la comunidad y discusión sobre la actuación de la PMT.
El incidente comenzó con la detención del vehículo de Ayala en Viñas Cué. Sabaté aclaró que la intervención fue parte de un control autorizado, amparado por la normativa municipal, y no una barrera irregular. La retención se debió a que la matrícula del automóvil era acrílica y no cumplía con la reglamentación vigente.
Según el asesor municipal, solo el vehículo fue retenido, y el conductor optó por trasladarse voluntariamente al corralón, comprometiéndose a presentar los documentos correspondientes que demostrarían la legalidad del automotor.
Los familiares denunciaron que, durante el proceso, Ayala entregó G. 200.000 como supuesta coima, pero no fue liberado y se le habría exigido un monto adicional. Posteriormente, habría pedido a su pareja G. 300.000, lo que, según ellos, derivó en la reacción que provocó su fallecimiento.
Sabaté insistió en que la investigación administrativa buscará determinar con precisión si hubo un pedido de dinero por parte de la inspectora y adelantó que, en caso de confirmarse, se aplicarán sanciones correspondientes.
El municipio anunció que revisará los procedimientos de control vehicular para reforzar la transparencia y agilizar la atención de los automovilistas, incluyendo la posible implementación de herramientas tecnológicas que faciliten los trámites.
La apertura del sumario administrativo se enmarca en la intención de la Municipalidad de garantizar la confianza de la ciudadanía en los controles de tránsito y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los conductores.
