El ambiente político en Lambaré volvió a encenderse tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que dispuso la suspensión por un mes de dos concejales municipales. La medida dejó vacantes sus bancas y habilitó el ingreso de suplentes, entre ellos el exdiputado Orlando Arévalo, actualmente bajo investigación por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
La posible reincorporación de Arévalo provocó la inmediata reacción de sindicatos municipales, que se atrincheraron en el edificio para impedir su juramento. Los trabajadores justificaron su postura en la necesidad de que el exlegislador aclare primero su situación procesal antes de volver a ocupar un cargo público.
“Como funcionarios, pedimos que rinda cuentas ante la Justicia. No es ético que asuma mientras enfrenta procesos penales abiertos”, expresó el dirigente sindical Walberto Alonso. Según dijo, la movilización busca proteger la institucionalidad y evitar que intereses políticos desestabilicen la gestión local.
Entre los rumores que circulan en los pasillos municipales, se habla de un supuesto “pacto azulgrana” dentro de la Junta, conformado por sectores colorados y liberales, que estaría intentando reunir votos para promover una intervención a la administración del intendente Guido González.
El propio González se pronunció al respecto y aseguró no temer una eventual intervención. Dijo que la Municipalidad logró recuperarse financieramente bajo su gestión y que los intentos de desestabilización responden a fines políticos. “Están buscando ensuciar mi nombre porque saben que voy a presentarme para la reelección”, sostuvo.
El jefe comunal también rechazó la idea de que Arévalo pueda jurar como concejal, cuestionando su idoneidad. “Él tiene que aclarar su situación judicial primero. No salió de Diputados por ser un santo”, ironizó González ante la prensa.
Asimismo, el intendente señaló que los concejales suspendidos forman parte de su equipo político y consideró injusta la sanción. A su criterio, la medida responde a “una simple discusión interna”, pero está siendo utilizada por la oposición como excusa para reconfigurar fuerzas dentro del legislativo municipal.
En tanto, el ambiente dentro del edificio se tornó caótico. Los funcionarios bloquearon los accesos e incluso impidieron el ingreso de Carol González, esposa de Arévalo y actual concejal opositora. La edil pretendía participar de la sesión en la que debía concretarse el juramento de los suplentes.
Tras el incidente, González se trasladó hasta la comisaría local para denunciar la toma y solicitar la intervención del Ministerio Público. “Es un atropello a la institucionalidad. No pueden impedirme ingresar a mi lugar de trabajo”, declaró a los medios desde el lugar.
La concejal señaló además que el juramento de los nuevos ediles no figuraba en el orden del día aprobado para la sesión y sostuvo que la sentencia de suspensión fue el verdadero detonante de la protesta. “El intendente actúa bajo psicosis política; todo esto es una reacción a su temor de perder el control”, acusó.
Mientras tanto, el TSJE reiteró que la resolución sobre la suspensión de los concejales está firme y debe cumplirse. No obstante, el escenario dentro de la Municipalidad se mantiene tenso, con la presencia de la Policía en los alrededores para prevenir enfrentamientos.
