La Contraloría General de la República (CGR) iniciará una revisión detallada del patrimonio del comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, luego de que el senador Carlos Núñez (ANR) lo denunciara por presunto enriquecimiento ilícito.
El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, confirmó este jueves que ya se puso en marcha el procedimiento denominado “examen de correspondencia”, que busca cotejar las declaraciones patrimoniales del jefe policial con la información financiera y registral disponible.
“Por instrucciones del contralor, hoy se está iniciando el examen del comandante. Vamos a enviar solicitudes a más de una veintena de instituciones públicas y privadas para analizar el patrimonio del comandante y de su esposa, ya que están casados sin separación de bienes”, detalló Torres.
El funcionario explicó que entre esta y la próxima semana se remitirán los pedidos formales de información, incluyendo las declaraciones juradas previas de Benítez. Una vez reunidos los datos, se procederá al análisis y dictamen correspondiente.
Entre las entidades que serán consultadas figuran la Dirección General de Registros Públicos, el Registro del Automotor, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Superintendencia de Bancos. Además, se solicitarán informes sobre cuentas, bienes inmuebles, movimientos financieros y antecedentes tributarios.
Torres indicó que el proceso también incluirá la verificación satelital de los inmuebles declarados para determinar si existieron mejoras con el paso del tiempo. La Municipalidad de Areguá, donde el comandante posee propiedades, deberá aportar datos sobre planos, permisos de construcción y avales técnicos.
“Recabamos toda la información necesaria para establecer si hubo un crecimiento patrimonial acorde con los ingresos declarados desde su ingreso a la función pública”, explicó el director. Según adelantó, la primera declaración jurada de Benítez data de 1994.
El funcionario recordó que las instituciones tienen un plazo legal de 10 días hábiles para responder, aunque reconoció que en muchos casos los informes tardan más por el volumen de datos solicitados.
“Generalmente el proceso completo puede extenderse entre uno y cuatro meses, dependiendo de la rapidez con que las instituciones remitan la información”, agregó Torres, quien no descartó recurrir a la vía judicial en caso de que alguna dependencia se niegue a colaborar.
El examen incluirá un cruce de datos con otras instituciones para comprobar la veracidad de las declaraciones. “Dependemos casi por completo de la información externa. Nuestra tarea es contrastar los datos con evidencia documentada antes de emitir un dictamen”, puntualizó.
En cuanto a las acusaciones que originaron la investigación, el senador Núñez había denunciado públicamente a Benítez por supuestamente recibir sobornos junto con el ministro del Interior, Enrique Riera, a cambio de favorecer ascensos mediante el uso del polígrafo.
El comandante respondió a las acusaciones negando cualquier irregularidad y sostuvo que su patrimonio “es totalmente justificable”. Aseguró, además, estar “a disposición de la Contraloría para cualquier auditoría o revisión necesaria”.
Desde la Contraloría aseguran que el proceso se llevará adelante con total transparencia y rigor técnico, sin descartar derivaciones judiciales si se detectan inconsistencias.
Fuente: ABC Color
