Luego de reiterados llamados al diálogo que no fueron atendidos, dos importantes federaciones de trabajadores del transporte público anunciaron una huelga para los días 25 y 26 de septiembre, en protesta por el tratamiento exprés del proyecto de reforma del sistema de transporte.
Según el dirigente sindical Gerardo Giménez, el gremio solicitó formalmente un plazo de 30 días para instalar una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados. Sin embargo, solo se les concedieron tres días, y la normativa avanzó sin discusión amplia y con una aprobación que calificaron como “unánime y apresurada”.
La medida de fuerza arrancará a la medianoche del jueves y se extenderá hasta el viernes. De acuerdo con estimaciones del gremio, alrededor del 80% de los choferes del sistema público se sumarán a la protesta, lo que afectará principalmente a Asunción y su área metropolitana.
Se espera la participación activa de entre 2.800 y 3.000 conductores. No obstante, Giménez aclaró que aquellos que decidan no plegarse a la huelga tendrán total libertad de continuar con sus funciones.
Entre los principales reclamos se encuentra el respeto a las leyes laborales vigentes, la estabilidad en el empleo y el acceso a derechos fundamentales como la afiliación al Instituto de Previsión Social (IPS). El sindicato denuncia que la mayoría de los choferes trabaja en condiciones precarias.
El 80% de los conductores, según el gremio, cumple jornadas de entre 12 y 16 horas, sin pago por horas extra. Muchos trabajan bajo el sistema de “redondo”, es decir, solo cobran si el bus opera; si el vehículo se avería, no generan ingresos. A diferencia de los “mensualeros”, no cuentan con un salario fijo que garantice estabilidad.
Además, los trabajadores exigen modificaciones puntuales a varios artículos del proyecto de Ley, que consideran perjudiciales para sus derechos laborales y su seguridad jurídica.
El Artículo 45, por ejemplo, plantea fragmentar las empresas de transporte: los servicios de taller, mantenimiento y predios quedarían bajo gestión de diferentes operadores. Según Giménez, esto deja a los empleados sin un empleador claro al que reclamar en caso de irregularidades.
El Artículo 39 también genera preocupación. No establece garantías para que los empleados sean absorbidos si una empresa pierde una concesión, lo que podría traducirse en la pérdida de antigüedad, beneficios adquiridos y cobertura del IPS. “Eso nos deja en la calle”, advirtió el dirigente.
Uno de los puntos más controversiales es el Artículo 20, que busca declarar al transporte público como “servicio imprescindible”. Esta categorización limitaría el derecho constitucional a huelga. El sindicato sostiene que, según el Código Laboral paraguayo y fallos judiciales previos, el transporte no se considera un servicio esencial.
Pese a la firmeza de la protesta, Giménez ofreció disculpas a los usuarios que se verán afectados por el paro. Aclaró que los trabajadores no rechazan la reforma como concepto, pero exigen que el proceso se realice mediante consenso, transparencia y participación activa.
“Queremos un sistema de transporte moderno y eficiente, pero también justo con quienes lo sostienen cada día”, concluyó. El mensaje es claro: los trabajadores no se oponen al cambio, pero no están dispuestos a quedar al margen de decisiones que los afectan directamente.
Fuente: ABC Color
