El Tribunal de Apelaciones de Paraguay resolvió otorgar al Ministerio Público un plazo adicional de seis meses para finalizar las investigaciones en la causa A Ultranza Py, donde está imputada Gianina García Troche, pareja del uruguayo Sebastián Marset, por el presunto delito de lavado de dinero.
La medida fue adoptada a través del Auto Interlocutorio N° 138, dictado por los jueces Mario Camilo Torres, Paublino Escobar Garay y Arnulfo Arias, quienes consideraron la complejidad de las diligencias pendientes y autorizaron la ampliación solicitada por el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.
Con esta decisión, el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo se extiende hasta el 20 de mayo de 2026, en lugar del 20 de noviembre de 2025. En esa fecha, el Ministerio Público deberá acusar formalmente o solicitar una salida procesal alternativa, según los resultados obtenidos.
En su pedido, el fiscal Pak argumentó que la extensión permitirá “confirmar o desvirtuar las manifestaciones de la imputada” y obtener elementos que definan con mayor precisión el grado de participación de García Troche en las operaciones investigadas dentro del esquema financiero del caso.
De acuerdo con la Fiscalía, aún restan al menos doce diligencias por cumplirse. Entre ellas figuran informes bancarios y tributarios vinculados a las empresas Kuarahy SRL —que habría emitido un supuesto certificado laboral a la procesada— y San Jorge S.A., además de peritajes sobre movimientos financieros y análisis de comunicaciones atribuidas a Sebastián Marset, mediante la aplicación encriptada Sky ECC.
También se esperan respuestas a solicitudes de cooperación internacional cursadas a Uruguay, España y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de acceder a datos sobre transferencias y bienes presuntamente vinculados al entramado económico bajo sospecha.
Por su parte, la defensa de Gianina García Troche manifestó su disconformidad con la decisión judicial. El abogado Rafael Blanco, integrante del equipo jurídico, cuestionó la necesidad de extender nuevamente los plazos, afirmando que la Fiscalía “ya tuvo más del tiempo razonable para investigar”.
Blanco señaló que los elementos que el Ministerio Público pretende incorporar debieron haberse recabado con anterioridad, recordando que el expediente lleva abierto más de cuatro años y que la imputada fue puesta a disposición de la justicia paraguaya recién en mayo de 2025, tras un largo proceso de extradición.
Gianina García fue procesada el 22 de febrero de 2022 en el marco de la causa A Ultranza Py, una de las investigaciones más importantes contra el lavado de activos en Paraguay. La mujer fue declarada en rebeldía y los plazos se suspendieron hasta su captura en España, en julio de 2024, luego de haber sido expulsada de Dubái.
En una línea paralela, la defensa de García Troche evalúa una salida alternativa para evitar el juicio oral. Blanco confirmó que, junto al abogado uruguayo Santiago Moratorio, buscan una fórmula procesal que contemple el reconocimiento del hecho punible y una condena mínima mediante procedimiento abreviado.
“Apelaremos a la igualdad procesal, porque dentro del caso A Ultranza ya hubo once condenados con penas de entre dos y cinco años, tras admitir los hechos”, señaló Blanco. De concretarse, el acuerdo podría incluir además la solicitud de arresto domiciliario para la imputada.
La investigación de A Ultranza Py continúa siendo una de las más amplias en materia de crimen organizado en Paraguay, con ramificaciones internacionales y vínculos empresariales bajo análisis.
