Basilio Duarte, representante de la Asociación de Conductores de Plataforma, reveló que las estadísticas internas sobre asaltos y violencia no coinciden con los registros de la Policía Nacional. La principal razón: muchos incidentes no son denunciados formalmente.
Duarte explicó que, desde la instalación de las plataformas en Paraguay, se contabilizan 18 choferes fallecidos en el contexto de la violencia urbana vinculada a su trabajo.
Según sus datos, los conductores enfrentan un mínimo de dos asaltos diarios. Sin embargo, el temor a represalias y la burocracia desincentivan la denuncia de los hechos ante las autoridades.
“Nuestra lucha es que ellos pasen por la comisaría, al menos para tener datos estadísticos más claros”, señaló Duarte en declaraciones recientes.
Los choferes responsabilizan directamente al Ministerio Público por la falta de seguimiento en las investigaciones. “No es tanto culpa de la Policía; el Ministerio Público es el que no está cumpliendo su rol”, enfatizó Duarte.
Duarte hizo un llamado a los trabajadores de plataformas para que denuncien los hechos de violencia y asaltos, con el objetivo de generar reclamos formales y exigir acciones de las autoridades.
Uno de los últimos incidentes ocurrió el 19 de septiembre en Cambyretá, cuando una conductora fue asaltada tras finalizar un viaje en el barrio Arroyo Porã alrededor de la medianoche.
La víctima relató que un pasajero la amenazó con un machetillo, llevándose el dinero de su recaudación, estimado en unos 250.000 guaraníes.
La denuncia se encuentra en proceso, pero el caso refleja la vulnerabilidad de los choferes de plataformas ante la delincuencia urbana y la dificultad de que los hechos se reflejen en estadísticas oficiales.
La Asociación de Conductores insiste en la necesidad de medidas concretas de seguridad, incluyendo mayor presencia policial en zonas de riesgo y protocolos de atención rápida a incidentes reportados.
Además, Duarte destacó la importancia de un sistema más ágil para el seguimiento de las denuncias, evitando la burocracia que desalienta a los afectados a reportar los hechos.
