Los choferes de transporte público anunciaron una huelga de 48 horas, programada para los días 16 y 17 de diciembre, tras decidirlo en un Congreso de Trabajadores realizado este viernes. La medida surge en rechazo a la reciente aprobación, con cambios, del proyecto de reforma del transporte en la Cámara de Diputados.
Los sindicatos denunciaron que ciertos artículos de la reforma vulneran derechos laborales, generan incertidumbre sobre la relación empleador-trabajador y ponen en riesgo la estabilidad del sector. La normativa será revisada próximamente por el Senado.
Además, los gremios comunicaron que rompen el diálogo con el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los legisladores, indicando que solo volverán a negociar si el presidente de la República, Santiago Peña, los convoca personalmente.
Entre sus demandas, los choferes exigen la renuncia del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y que el presidente vete parcialmente los artículos 20, 39 y 45 del proyecto, ya que consideran que el Senado no atenderá sus reclamos.
Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), explicó que el artículo 20 clasifica al transporte como “servicio público imprescindible”, lo que podría habilitar sanciones ante interrupciones del servicio durante huelgas.
Respecto al artículo 39, Giménez advirtió que regula la continuidad laboral en caso de cambio de concesionario, pero solo contempla la absorción de choferes con dos años de antigüedad, lo que dejaría fuera a otros trabajadores y generaría riesgo de despidos.
El artículo 45, según el sindicalista, define los componentes de operación del sistema (flota, infraestructura y servicios complementarios), fragmentando responsabilidades y generando dudas sobre quién será el empleador directo de los choferes.
“El transporte no es un servicio imprescindible, sino esencial, tal como lo garantiza la Constitución. El Convenio 87 de la OIT respalda el derecho a huelga en Paraguay”, enfatizó Giménez, reforzando el fundamento legal de la medida.
Giménez fue claro al afirmar que los choferes no participarán en nuevas tripartitas ni reuniones con legisladores, insistiendo en que solo la intervención del presidente puede levantar la huelga. También responsabilizó al viceministro Fernández por “falta de soluciones reales” y “información engañosa” durante el proceso.
Ante la posibilidad de que el Senado modifique los artículos, el líder sindical descartó suspender la huelga, argumentando que la aprobación volverá a ser similar. “La responsabilidad recae totalmente en el presidente Peña”, subrayó.
Juan Godoy, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT), aseguró que la paralización cuenta con el apoyo del 80% de los trabajadores, lo que garantizaría un paro prácticamente total del servicio en todo el país.
