Un extenso informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) recoge intercambios de mensajes por la plataforma SKY ECC entre Alexandre Rodrigues Gomes —vinculado a causas por presunto tráfico internacional de drogas y lavado de dinero— y el detenido Anderson Ríos Vilhalva, conocido como “Pepe”. Las conversaciones forman parte de la investigación Pavo Real II y fueron remitidas a la Fiscalía por Europol.
Según las capturas incluidas en el expediente que hoy está en manos del juez Osmar Legal, los mensajes datan de septiembre y octubre de 2020 y contienen referencias explícitas a gestiones para la liberación del presunto pistolero, instrucciones atribuidas a “órdenes de arriba” y burlas respecto a la intervención del fiscal Marcelo Pecci en causas sensibles.
En una de las capturas del 17 de setiembre de 2020, Alexandre —identificado en la plataforma con el PIN 67BADE y el alias BURBERRY— le comunica a Ríos Vilhalva (alias BRUTUS) que “ya es un hecho” y sugiere la existencia de un arreglo para obtener la libertad del detenido. Ese mismo hilo alude a reuniones previas vinculadas a la Operación Alba, que había detenido a Ríos Vilhalva en febrero de 2020.
Las conversaciones muestran promesas reiteradas: “Vamos a apretar que mañana se te libere”, escribió Rodrigues Gomes en un tramo; y en otras fechas aseguró que existían “órdenes” que facilitarían la salida del arrestado. No obstante, la liberación no ocurrió de forma inmediata, según las propias capturas, lo que revela gestiones prolongadas y expectativas incumplidas en el fuero delictivo.
En varios pasajes del chat, Alexandre sugiere que la liberación respondía a instrucciones de altos mandos y menciona interlocutores del ámbito político y judicial. En otros tramos critica con lenguaje despectivo al fiscal Pecci y plantea expresiones que, en su lectura literal, insinúan deseos de causar daño o intimidar a operadores judiciales.
Conversación en la cual se dejan en evidencia las molestias.
Una captura del 27 de setiembre muestra a Alexandre afirmando que “ya está resuelto tu lado” y que “Pecci y la fiscala ya tienen orden para no molestar”, frase que, según los investigadores, implica la supuesta intervención de instancias superiores para neutralizar la actuación fiscal. Ese tipo de aseveraciones encendieron las alarmas en la pesquisa.
En varios intercambios posteriores al 1 de octubre y hasta el 20 de octubre de 2020 —cuando las conversaciones indican que Ríos Vilhalva habría alcanzado la libertad— Alexandre festeja los avances y comparte fragmentos de otras conversaciones que, presuntamente, vinculaban a jueces y operadores con la situación procesal del detenido.
La SIU también consignó mensajes en los que Rodrigues Gomes describe reuniones con el juez Luis Benítez y, en un pasaje posterior, escribe mensajes prolijos en tono amenazante: “si el pasa algo decís que puede decir que fuiste vos?” y “legalmente tenemos que empezar (a) matar juez y fiscal”, según las capturas. Esos tramos son, por su crudeza, elementos centrales del informe y por ello objeto de investigación.
Las autoridades hallan en estos chats no solo intentos de gestión por la libertad de un detenido sino también un patrón de lenguaje que apunta a la intimidación de magistrados y fiscales. La Fiscalía y la Policía han subrayado que se trata de elementos probatorios que requieren cotejo con otras pruebas y testigos antes de llegar a conclusiones definitivas.
Fuentes judiciales citadas en el expediente indican que la liberación de Ríos Vilhalva terminó efectuándose —según las propias conversaciones— mediante gestiones que involucrarían a la exjueza Carmen Silva. Esa circunstancia ya fue señalada en publicaciones previas vinculadas a los primeros chats del fallecido Lalo Gomes.
El caso vuelve a poner en tensión la relación entre política, justicia y criminalidad: el hijo de una figura política incluida en estos cruces aparece como interlocutor recurrente con un acusado de gravedad, lo que alimenta cuestionamientos sobre tráfico de influencias y la posible connivencia con miembros del sistema judicial.
Desde la defensa de los imputados —según versiones públicas anteriores— suelen reclamarse garantías de debido proceso y se insiste en la presunción de inocencia. En paralelo, la Fiscalía sostiene que las conversaciones, remitidas por Europol, constituyen pruebas relevantes que deben ser valoradas en el marco del proceso penal.
Expertos consultados por la investigación señalan que los mensajes de plataformas encriptadas como SKY ECC son piezas clave en causas de crimen organizado porque permiten reconstruir redes de contacto y atribuir responsabilidades. No obstante, advierten que la autenticidad, la cadena de custodia y el contexto deben ser rigurosamente verificados en la etapa probatoria.
El informe de la SIU, por su contenido y por la notoriedad de las personas involucradas, obligará a las autoridades a avanzar con rapidez en el esclarecimiento: determinar si hubo realmente órdenes “desde arriba”, quiénes participaron de las gestiones judiciales y si existieron amenazas efectivas contra operadores del sistema. Hasta entonces, lo que consta en el expediente son comunicaciones que, al menos en el papel, muestran una relación estrecha y preocupante entre los interlocutores.
La causa continúa su curso en el juzgado de lucha contra el Crimen Organizado y la Fiscalía. Los próximos pasos incluirán peritajes técnicos sobre los extractos remitidos por Europol, declaración de testigos y, eventualmente, imputaciones formales adicionales si los fiscales consideran que hay elementos suficientes.
Fuente: ABC Color
