El asesinato del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años, ocurrido el pasado 2 de octubre, conmocionó a la sociedad paraguaya. El militar, recientemente ascendido de forma póstuma al grado de coronel, fue atacado a plena luz del día frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Santísima Trinidad.
La ejecución se registró a las 16:32, cuando Moral Centurión estacionaba su camioneta sobre la calle Congreso de Colombia. Dos sicarios a bordo de una motocicleta Taiga de 150 cc, con chapa 644 BFB, abrieron fuego contra él y se dieron a la fuga.
Según los investigadores, el conductor del biciclo habría sido Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, mientras que el autor de los disparos sería un adolescente de 16. Ambos escaparon dejando atrás una escena que evidenció la precisión del ataque.
La motocicleta utilizada fue abandonada poco después en una estación de servicio Shell ubicada en la intersección de Primer Presidente y Santísimo Sacramento, a unos dos kilómetros del lugar del crimen. Desde allí, los sicarios abordaron un vehículo de la plataforma Bolt que los trasladó hasta el barrio Acosta Ñu, en la ciudad de San Antonio, a 25 kilómetros de Asunción.
De acuerdo con la investigación del Departamento de Homicidios, bajo la dirección del fiscal José Martín Morínigo, los jóvenes recibieron un giro de 300.000 guaraníes inmediatamente después del atentado, dinero que utilizaron para huir a Ciudad del Este esa misma noche.
Los registros financieros también revelaron tres transferencias previas —de 800.000, 400.000 y 300.000 guaraníes— que habrían servido para financiar la vigilancia del militar antes del ataque. Estos movimientos fueron clave para seguir la ruta del dinero.
Con esas pruebas, la Policía allanó una vivienda en Ciudad del Este, donde reside Rolando Javier Torres Rivarola, de 23 años. El joven no fue detenido, pero confirmó haber enviado el último giro por pedido de su amigo y vecino, Ángel David González Guillén, de 22.
Ángel David fue detenido horas después y aseguró que actuó por órdenes de su tío, Jorge Guillén Bogado, de 44 años, quien también fue arrestado. Guillén negó cualquier implicación y trató de desacreditar la versión de su sobrino, aunque las evidencias lo señalan como el presunto financista del crimen.
Para los investigadores, Guillén Bogado habría sido quien organizó y financió el atentado, aunque aún se busca determinar quién le encargó la eliminación del militar. Su nombre ya figuraba en expedientes judiciales por su presunta participación en ataques a patrulleras y robos a camiones de carga en 2020 y 2023.
Otro sobrino del detenido, identificado como Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, de 32 años, sería quien contrató directamente a los dos jóvenes sicarios. Según las pesquisas, actuó bajo instrucciones de su tío Jorge.
“Lulú” tiene una orden de captura con fines de extradición solicitada por Argentina, en un caso de homicidio calificado. Aunque no fue localizado durante los allanamientos, la Fiscalía anunció que solicitará una nueva orden de detención por su participación en el crimen del coronel Moral.
Los operativos simultáneos en Ciudad del Este y San Antonio fueron encabezados por los fiscales Morínigo, Cristhian Ortiz y Juan Ramón Sandoval, con apoyo judicial de la magistrada Cynthia Lovera Brítez. A medida que la investigación avanza, el caso revela un entramado criminal con vínculos mafiosos que expone la fragilidad de la seguridad institucional y la violencia del crimen organizado en Paraguay.
Fuente: ABC Color
